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Al rendir el informe de sus seis años al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en la aún inacabada biblioteca Vasconcelos, Sari Bermúdez se atrevió a asegurar que “en un hecho sin precedente”, las acciones del organismo creado por decreto presidencial en 1988, se basaron en estudios académicos.

Afirmó que el Consejo “estableció su política cultural con base en encuestas, investigaciones y diagnósticos, reflejados en publicaciones como: Encuesta nacional de prácticas y consumos culturales; Atlas de infraestructura cultural; Industrias culturales y desarrollo sustentable; ¿Cuánto vale la cultura?; Festivales de Arte y Cultura en México, y Encuesta Nacional de Lectura”.

“Han sido herramientas extraordinarias para conocer las necesidades culturales de todo el país y acercar los bienes y servicios culturales a más mexicanos, a través de programas estratégicos”, agregó.

Pero en el cuerpo mismo de su discurso se contradice, pues afirma al principio que el Programa Nacional de Cultura 2001-2006, fue “la base de las acciones de la presente administración”. Este programa fue presentado al inicio de la administración, en un acto realizado en la Biblioteca de México, en la Ciudadela, al cual asistieron miembros de la comunidad artística e intelectual, que --se supone-- había sido consultada para elaborarlo, aunque muchos se mostraron sorprendidos por su contenido y hasta lo cuestionaron.

Para no ir más lejos en un ejemplo, ahí se presentó el proyecto de creación de la ahora llamada biblioteca Vasconcelos (en ese momento se dio a conocer como Biblioteca Nacional), e inmediatamente se le juzgó como una propuesta faraónica con la cual Vicente Fox buscaba pasar a la posteridad, se puso en duda su pertinencia, y hasta se avizoró que podía convertirse en un elefante blanco.

La precisión no fue el tono del discurso de la funcionaria saliente, quien, sin rubor, se atribuyó logros de gestiones anteriores. Por ejemplo, las fases más importantes en el rescate de monumentos como Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Sagrario Metropolitano, la Antigua Basílica de Guadalupe y la casa del Marqués del Apartado, se realizaron en el sexenio pasado.

Habló de la existencia de 200 mil sitios arqueológicos, de los cuales están abiertos al público 175. La cifra de los existentes ya había sido dada a conocer por su antecesor Rafael Tovar, y la de los abiertos apenas se incrementó; y de la declaratoria por parte de la UNESCO de 26 sitios como “Patrimonio de la Humanidad”, cuando la mayoría de esos sitios lograron su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en administración pasadas.

Los estudios referidos por Bermúdez no se hicieron en los primeros meses de su gestión, por lo cual no pudieron ser la base del Programa Nacional de Cultura 2001-2006. Todos fueron realizados y dados a conocer ya avanzada la administración.

De hecho, la Encuesta Nacional de Lectura, apenas se dio a conocer hace unas semanas, así que no pudo haber influido en la orientación del programa “Hacia un país de lectores”. Algunos de estos estudios, ciertamente fueron encargados por el Conaculta, pero el llamado ¿Cuánto vale la cultura?, realizado por el economista Ernesto Piedras, fue hecho por encargo de las sociedades General de Escritores de México (Sogem) y la de Autores y Compositores de México (SACM).

En una entrevista, Piedras reconoce que ciertamente en esta administración se logró la realización de varios estudios que deberán ser considerados para el diseño de las políticas públicas, pero subraya que no ha habido el tiempo o la capacidad en esta administración para potenciar esa información.

Tanto el economista como el antropólogo Néstor García Canclini admitieron que la academia ha sido ignorada para la formulación de políticas públicas en materia cultural, no obstante instituciones como las universidades Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, de Coahuila y la Autónoma del Estado de México, entre otras; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y hasta el Instituto Tecnológico Autónomo de México, han desarrollado investigaciones relacionadas con la cultura.

Así pues, no sólo las acciones de la administración cultural foxista no estuvieron basadas en estudios, sino que prácticamente las investigaciones y análisis desarrollados por otras instancias han sido ignorados. El reto para el gobierno entrante será entonces recuperar ese conocimiento y, ahora sí, formular a partir de él una política pública de Estado.

Proceso, 4-12-06

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